Espinar

Historia

La zona en cuestión presenta evidencias de ocupaciones y explotación de minerales como el oro y la plata, continuándose de manera empírica hasta el periodo republicano, en donde se continua con la pequeña minería “pallaqueo” con la presencia de minas tipo socavón como Tintaya, Atalaya, Condoroma y Suykutambo, todas ellas incipientes en términos de volumen de producción. 

La zona de Tintaya fue explorada por primera vez en 1917 por la empresa norteamericana Andes Explotation of Mine, la misma que era controlada por The Anaconda Company, mediante cuatro perforaciones a percusión y la apertura de once túneles de corta longitud (Vector Perú 2007; Cuadros 2010). En aquella época se determina la existencia del mineral en la comunidad campesina de Antaycama, destacándose la calidad de la reserva. Cabe indicar que los pobladores de la zona conocían el yacimiento mucho antes del siglo pasado (Aguilar 2005).¹

En 1952, la empresa Cerro de Pasco Corporation adquirió los derechos para continuar con las exploraciones. En septiembre de 1971, y bajo el impulso de la participación estatal en la actividad minera, el gobierno de entonces otorgó a la empresa pública Minero Perú los derechos para explotar los depósitos de Tintaya. El 2 de mayo de 1980, fue constituida la Empresa Estatal Minera Asociada Tintaya S.A., siendo uno de los últimos emprendimientos mineros bajo propiedad del Estado en el Perú. Para el desarrollo de la actividad minera, el Estado, según Resolución Directoral N.41/81/Energía y Minas/Dirección General de Minería, de fecha 26 de junio de 1981, decidió la expropiación de 2,368 hectáreas de tierras de propiedad de la comunidad campesina de Antaycama, que afectó al sector de Tintaya Marquiri. Este fue un primer momento de cuestionamiento y disputa: los comuneros observaron la decisión del Ministerio de Energía y Minas, por considerar que sus derechos habían sido afectados y además el justiprecio o monto de valoración era exiguo y no habían sido considerados diversos daños y perjuicios. Desde entonces, la población de Tintaya Marquiri perdió una importante cantidad de tierras y se fue convirtiendo gradualmente en una suerte de asentamiento humano al borde de la mina. Las obras civiles de construcción de la mina culminaron a finales de 1984 y la Empresa Minera Especial de Tintaya comenzó la producción el mes de abril de 1985, convirtiéndose rápidamente en la tercera productora de cobre del Perú en la segunda mitad de la década del 80.

El 21 de mayo de 1990, se produce un primer conflicto social a gran escala entre las comunidades aledañas y la sociedad civil de toda la provincia de Espinar. Esta movilización social, se encaminó para demandar a la empresa minera – entonces propiedad del Estado, sobre asuntos de terrenos, mayor participación en el desarrollo local y otros, esta es conmemorada todos los años como el “Día de la Dignidad de los espinarenses”.

Con la llegada de empresas transnacionales en la segunda mitad de la década del 90, la mina Tintaya expandió las operaciones mineras; es de este modo que, se fueron creando y reproduciendo un conjunto de demandas que estuvieron a la base de conflictos importantes. Los temas centrales del conflicto han girado en torno a los impactos de la minería en los recursos naturales de la zona y la demanda que la actividad minera se vincule y aporte al desarrollo de la provincia. La disputa por el manejo de tierras comunales, que eran destinadas antes que llegue la minería a uso agropecuario y la gestión de los recursos hídricos, fueron aspectos centrales de los reclamos de las comunidades campesinas vecinas a la mina. Las expropiaciones iniciales de tierras tuvieron un impacto importante en los pobladores, agrupados hasta entonces en una sola comunidad; posteriormente ya bajo gestión privada, la empresa siguió adquiriendo tierras comunales, convirtiéndose ésta en un competidor directo por el control de los escasos recursos hídricos de la zona, provocando, además, impactos en ellos.

En ese línea, las comunidades directamente afectadas fueron las de la cuenca del río Salado, Alto Huancané, Bajo Huancané, HuanoHuano, Alto Huarca y Tintaya Marquiri, que fueron afectadas por la expropiación inicial o vendieron sus tierras a la empresa, presionadas por procesos de servidumbre que en paralelo se tramitaban en el Ministerio de Energía y Minas; ante ello, se forjo una agenda de demandas que las comunidades campesinas comenzaron a levantar frente a las autoridades y los sucesivos equipos directivos de la empresa, tanto en su etapa pública como cuando la mina fue privatizada.

En su época de privatización se agudizaron los cuestionamientos y las protestas de las comunidades con relación a la validez de las transacciones de tierras y al impacto ambiental generado por las operaciones mineras. Demandaban, en primer lugar, por la forma en que habían perdido sus tierras por la expropiación del Estado, ocurrida 20 años atrás, y la servidumbre minera (compensación por el uso del predio superficial) en la década de 1990 (Paredes s.f). Ésta era una preocupación de especial importancia para Tintaya Marquiri, la cual había perdido casi la totalidad de sus tierras (3.274 hectáreas) y había sido desplazada a un centro poblado junto a la mina. Existían también reclamos con relación a los sedimentos dejados por los relaves mineros y por la forma en que el agua contaminada afectaba su producción agropecuaria.

En ese contexto nace la Mesa de Diálogo y se firma el Convenio Marco (2003), entre la empresa BHP Billiton Tintaya y la sociedad civil de la provincia de Espinar, con la participación de garantes, tales como el MINEM, congresistas de la República y Oxfam América. El acuerdo “Convenio Marco por el Desarrollo de Espinar y Tintaya” significó una alianza estratégica en las relaciones pueblo–empresa-gobierno local, consiste entre otras cosas la contribución anual de hasta el 3% de utilidades antes de impuestos para financiar proyectos de inversión social.²

Sin embargo, los dirigentes que lideraron conflictos el 2005 más 74 campesinos, fueron denunciados por protestar y por haber tomado la mina de Tintaya, por entonces propiedad del grupo BHP Billiton. Los comuneros fueron procesados por delitos de peligro común, coacción, resistencia a la autoridad y apología del delito. La acusación del Fiscal Superior de Canchis implicaba principalmente a los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y a la de Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), entre los que se encuentran también miembros de las rondas campesinas y dirigentes de varias comunidades (CooperAcción 2008).Los pobladores de Espinar han brindado su apoyo en todo momento y se hicieron presentes cuando absolvieron el año 2008 en la ciudad de Sicuani (Cusco) para respaldar a sus compañeros, por lo que al conocer el resultado del proceso y la absolución de los procesados, celebraron y propusieron que el 9 de diciembre fuera declarado como el “Día de la Solidaridad en toda la provincia de Espinar” (CooperAcción 2008).

El paro indefinido fue el momento más turbulento en la zona. Se inició el 21 de mayo del 2012 en la provincia, las principales exigencias fueron: A) La solución inmediata a los problemas de contaminación de aire, suelo y agua, demandando mitigación, remediación, reubicación e indemnización por daños ambientales; B) La restitución de las fuentes de agua en Quetara, Suchiñahui, manante Choquepitto y otros sectores; C) Una auditoría ambiental internacional al cierre de las operaciones del proyecto Tintaya y Antapaccay, así como realizar una consulta al proyecto del mineroducto desde Las Bambas en Apurímac, y D) El respeto a los derechos humanos de los pobladores.

La presencia de efectivos policiales generó un clima de desconfianza y quebró la posibilidad de diálogo con el gobierno nacional y la empresa, los enfrentamientos entre estos y la población llego a su climax luego de la muerte de dos civiles e innumerables heridos. El 28 de mayo, el Primer Ministro decretó el Estado de Emergencia en toda la provincia por 30 días.

El 21 de junio de 2012 se instalo una Mesa de Diálogo en Espinar, siendo los acuerdos mas importantes: A) Establecer, mediante resolución ministerial de la PCM, la creación de la Mesa de Diálogo, cuya finalidad sería solucionar la problemática socioambiental existente en la provincia de Espinar (MDE); B) La Mesa tendría una presidencia colegiada a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM), Gobierno Regional (GR) y Municipalidad Provincial de Espinar (MPE); una secretaría técnica conformada por los mismos organismos encargados de la presidencia más el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y un representante de organizaciones sociales; y tres grupos de trabajo que abordarían los temas de medio ambiente, responsabilidad social, y desarrollo y producción.; y C) El grupo de trabajo ambiental tendría como parte de su mandato: elaborar un plan de intervención sanitaria y ambiental, sobre la base de la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo; así como la sistematización y la presentación de la problemática ambiental por parte de la municipalidad provincial de Espinar y el FUDIE.

No hay duda de que la experiencia de la Mesa de Diálogo en Espinar (MDE) ha tenido un impacto notorio en la vida de la provincia. La solemnidad de los actos de instalación, la presencia de varios ministros y las sesiones de trabajo durante varios meses seguidos, donde participaron funcionarios de todos los sectores, tanto del nivel nacional como regional, constituyen, en la opinión de muchos, el principal impacto de la MDE, siendo dos sus tareas centrales: responder a la urgencia y elaborar “un proyecto de Plan de Acciones de mediano y largo plazo, que permitan asegurar la sostenibilidad sanitaria y ambiental en la provincia de Espinar”.

Si bien se logró producir el Plan de Acción de mediano y largo plazo, producto requerido por la resolución de creación de la MDE. Este documento es detallista en cuanto a la sección sanitaria ambiental y, al mismo tiempo, ampuloso y heterogéneo en su sección inversiones. Ambos componentes son ambiciosos y rebasan probablemente las capacidades institucionales de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil. No queda claro el nivel de compromiso alcanzado, al no existir una norma oficial que formalice los contenidos del Plan de Acción y tampoco los comités conformados para su gestión y seguimiento.

En esa línea, estas las reivindicaciones y demandas de las organizaciones sociales que inicialmente tuvieron como principal destinatario a la empresa minera, también derivaron un desplazamiento de las mismas al Estado; en ese sentido, pese a que el nuevo Convenio Marco fue una de la principales demandas que condujeron a la MDE y que en esta se logró formular una propuesta, la misma que fue trasladada a la empresa Xstrata para su opinión, hasta la fecha no ha sido aprobada.³