Denunciamos la vulneración en integridad física y derechos de las familias expuestas a metales de Morocco Antigua que están siendo desplazadas de su territorio y sus hogares en favor de la ampliación del proyecto minero de Toromocho en Junín.
Exigimos al Juzgado Mixto de La Oroya rectifique su decisión de expulsar, por la fuerza, a las familias que permanecen en la zona, dejándolos sin alternativa real de reubicación, priorizando intereses privados de la empresa Chinalco.
Instamos a la Policía Nacional del Perú y la seguridad de la minera Chinalco abstenerse de ocasionar daños a las familias que permanecen en la zona.
Nos reafirmamos en la defensa del medio ambiente sano y equilibrado, así como el derecho a la vida y el buen vivir que deberían disfrutar todos los ciudadanos en nuestro país.
¡Es tiempo de luchar, es tiempo de sanar!
